De la protesta callejera al poder estatal: El caso del movimiento indígena boliviano

Introducción

El movimiento indígena boliviano tiene una larga historia y su actuación alcanza hasta la remota época colonial, cuando 20 mil chiquitanos se opusieron a la expedición de Ñuflo de Chávez en el 1559. La resistencia continuó durante todo el período del dominio español y se manifestó de varias maneras, desde la resistencia pasiva, manteniendo sus viejas costumbres, creencias y ritos contra la imposición de la cultura europea hasta la rebelión armada. Esta se reflejaba, por ejemplo, en el llamado “Imperio Neoinca de Vilcabamba” del cual entre 1537—1572, los sucesores de Atahualpa hacían frente a la descomposición del Imperio Inca llevada a cabo por los conquistadores españoles. Sin embargo, el auge de la resistencia indígena contra los conquistadores llegó en los años 1779–1782 con los proyectos revolucionarios de “dos Túpac y dos Catari” (Loayza Portocarrero 2014). Después de la rebelión de Tomás Catari, los ayllus del altiplano y del valle encabezados por Túpac Katari y su mujer Bartolina Sisa se levantaron contra la opresión española¹. Alrededor de 40 mil hombres y mujeres cercaron dos veces a la capital de la colonia española, La Paz, en 1781 y gracias al sistema de rotación y los turnos mantuvieron la resistencia más de un año y medio.

Desde este levantamiento de los ayllus, a finales del siglo XVIII, se puede observar con cierta simpleza una pauta cíclica de la elevada movilización del movimiento indígena a finales de cada siglo. Así en la segunda mitad del siglo XIX surgió el movimiento de los Apoderados Generales, encabezado por Pablo Zárate Willka y, a finales del siglo XX y principio del siglo XXI, nació el movimiento indianista katarista encarnado en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), seguido por la resurrección de los ayllus y movimiento indígena en las tierras bajas mediante la constitución de las organizaciones Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ) y Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), respectivamente.

Durante la colonia y la época republicana los movimientos indígenas eran generalmente vistos por la “élite política tradicional” como una gran amenaza ←17 | 18→para el orden social y la integridad nacional. Esta percepción está evidenciada no solo en el destino desfavorable de los mayores líderes indígenas², sino también en la supuesta necesidad de solucionar el llamado “problema del indio” que formó la política estatal hacia los pueblos indígenas durante toda la República.

Sobre todo, la lucha por la autonomía indígena era percibida como actividad subversiva por el Estado boliviano. En este sentido cabe mencionar la proclamación del primer gobierno indio de Peñas (Oruro) en el 1899 por iniciativa de Pablo Zárate Willka con Juan Lero Ponce como su presidente, Ascencio Fuentes como juez riguroso, Feliciano Mamani como intendente, Evaristo Guaricallo como coronel y Manuel Flores como el secretario. Sin embargo, este gobierno indio que tuvo como su fin defender la autonomía indígena frente la política antiindígena del gobierno liberal, no tuvo larga duración. Once días después de su proclamación como presidente, Lero Ponce fue capturado por el ejército de José Manuel Pando y hecho prisionero en su comunidad.

También Laureano Machaca, quien a mediados de 1956 en Waychu-Puerto Acosta, departamento de La Paz, fundó la República Aimara y se proclamó su presidente, afrontó la represión estatal. Su acción en defensa de la autonomía indígena contra la propuesta integracionista del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR)³ tuvo un tono separatista, por lo que Machaca resultó descuartizado (López y Turrión 2007: 299; Ticona Alejo 2003: 5).

A finales del siglo XX la corriente radical del movimiento indígena se mantiene y revive en la ideología indianista que tiene su origen a finales de los 60, ←18 | 19→del siglo XX. Fausto Reinaga como su ideólogo principal en sus trabajos claves⁴ presenta la tesis sobre la existencia de dos Bolivias irreconciliables, una de los opresores blancos y mestizos y otra de los indios oprimidos. Según esta teoría, aunque los indios habitaban el mismo territorio con los blanco-mestizos, en realidad vivían en una especie de “apartheid” (Parada 2015). Viendo la subordinación de los indígenas como un asunto étnico, el indianismo es de naturaleza antiblanco y antimestizo, por lo que rechaza los modelos europeos de organización y niega la posibilidad de las alianzas entre los indígenas y no indígenas (Van Cott 2005: 53). Desde este punto de vista las resistencias contra los modelos occidentales son entendidas como expresión natural y legítima del derecho a la autodeterminación de las naciones originarias (Parada 2015). Por esta razón Reinaga en su discurso propone el reemplazo de la Bolivia chola por la india mediante la liberación del indio y su constitución como sujeto político (Escárzaga 2012: 194) y la reconstrucción de las formas de autoridades precoloniales. El indianismo de Reinaga encontró su expresión política en el trabajo y actividades de Felipe Quispe Huanca⁵, más conocido como el “Mallku”, quién en su trabajo “Tupaj Katari vive y vuelve… carajo!” (1999) revive la tesis de dos Bolivias y recupera el programa de lucha de Túpac Katari, con el fin de organizarse para una guerra revolucionaria y así devolver el poder a los ayllus y reconstruir el Qollasuyu original. Como secretario ejecutivo (1998–2005) de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) encabezó una serie de protestas y bloqueos acompañados por un discurso radical (antisistémico) rechazando la posibilidad de lograr el cambio real para los pueblos indígenas por la vía institucional:

Para lograr ese cambio se requiere mucha sangre y sacrificio, pues no vamos a lograrlo mediante las elecciones. Hablando en el parlamento no vamos a resolver nada y más bien vamos a robustecer al sistema. (Quispe 2003 citado en Le Bot 2013)⁶

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También la aparición de la corriente indianista radical en la segunda mitad del siglo XX. viene como respuesta fáctica a la continuación del colonialismo interno⁷ después de la revolución de 1952 (Rivera Cusicanqui 2010a: 100). Pese a las promesas populistas de los gobiernos revolucionarios del Movimiento ←20 | 21→Nacionalista Revolucionario (MNR) de integrar a los indios en la vida política nacional, el Estado boliviano emprendió una gigantesca tarea de disciplinamiento cultural mediante el sindicalismo paraestatal y nuevas disciplinas políticas del voto y participación política controlada implicando la ruptura con los modelos culturales propios del mundo indio e incentivando así un violento proceso de supresión y/o despojo cultural (Rivera Cusicanqui 2010a: 100–101). Los pueblos indígenas seguían apartados de la agenda posrevolucionaria y la aplicación de sus derechos se mantuvo restringida⁸, puesto que el papel principal en la política y discurso de la coalición gubernamental jugaban con los mineros y obreros (Lucero 2008: 63; Turrión et al. 2014: 90–91). Como escribe Pablo Stefanoni (2010) en su libro “Qué Hacer con los Indios… y Otros Traumas Irresueltos de la Colonialidad”, el indianismo es el “producto de la politización de la brecha entre el discurso igualitario del mestizaje y la pervivencia de la racionalización de las relaciones sociales en la vida real”.